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El DNI contra el blanqueo de capitales

blanqueo de capitales

Transparencia en los depósitos bancarios para evitar el blanqueo de capitales. Este es el objetivo de la Ley 10/2010, que obliga a las entidades bancarias a identificar a sus clientes. Para dar cumplimiento a la normativa, la Asociación de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) llevan varios meses solicitando a los ciudadanos que tiene abierta una cuenta en un banco o caja que presenten su Documento Nacional de Identidad (http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/dni), con el fin de acreditar que los datos personales que tienen en sus archivos coinciden con los de personas físicas.

Las entidades y bancarias, para cumplir con lo establecido en la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, han fijado como fecha tope el próximo 30 de abril. A partir de ese momento, procederán a bloquear las cuentas de los clientes que no hayan aportado su documento de identificación. Pero no todos los particulares que tengan una cuenta abierta tienen que acudir a su banco para presentar el DNI. Sólo es necesario si la entidad así lo ha requerido por correo ordinario o electrónico, mensaje de texto o mediante una llamada telefónica.

Copa del documento

La normativa aprobada por el Gobierno español hace cinco años señala que todos los bancos y cajas de ahorros deben tener en su poder una copia del documento de identidad y determinada información relativa a la actividad del usuario. Esta petición de datos se ha remitido incluso a clientes que mantienen una larga y estrecha relación con sus entidades bancarias. Y es que, por diferentes causas, puede que no dispongan de una fotocopia de su DNI. Lo más habitual en estos casos es que, en el momento de abrir la cuenta, no fuera obligatorio aportar una copa del documento identificativo.

Esta medida ha suscitado quejas por parte de algunos sectores de la sociedad, que apuntan a que esta iniciativa contra el blanqueo de capitales entra en contradicción con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Otro de sus puntos flacos, según los críticos con esta iniciativa, es que se redoblan los esfuerzos en lo que se refiere a las cuentas de los españoles abiertas en entidades asentadas en el país, pero no se establecen las mismas reglas estrictas en las que se mantienen en el extranjero.  Tanto es así, que se puede recibir una transferencia desde otro estado sin que se comprueben los datos personales de la persona que la efectúa.

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